Tito Villarroel[1]; German Jarro[2] (Noticias AGRECOL Andes 30/07/2023).- En los últimos días, algunos municipios el departamento de Cochabamba, están sintiendo los duros efectos de déficit de agua tanto para consumo como para riego (producción de alimentos). A diferencia de antes cuando se consideraba que el agua era un recurso natural inagotable, hoy en día la realidad nos demuestra todo lo contrario, que la disponibilidad de agua, al igual que otros recursos naturales, a la larga, es agotable y que su disponibilidad está en franca disminución tanto en cantidad como en calidad, generando, como efecto, conflictos sociales, económicos y ambientales con saldos lamentables.
El cambio climático, sin duda alguna, es el factor más importante y determinante para esta crisis. Los efectos del cambio climático se están expresando por ejemplo en la presencia de sequías prolongadas y períodos de lluvia cada vez más cortos e irregulares, concentrados en dos a tres meses y en niveles cuantitativos cada más disminuidos. El ejemplo más claro es el municipio de Sacaba donde, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en la gestión 2022-2023, se registró la menor cantidad de lluvia en 73 años ocasionando que sus lagunas alcancen apenas entre el 20 y 30 % del nivel esperado. Lamentablemente poco o nada podemos hacer frente al cambio climático y sus efectos y pareciera que no existe otro camino que el de adaptamos a esta “nueva normalidad climática y ambiental”.
Ante este panorama, la problemática de escasez de agua está siendo abordada únicamente desde descarga, es decir desde la extracción (uso y explotación) y desde la infraestructura, pues mientras los usuarios (que somos todos), nos atrincheramos en la exigencia del respeto a nuestro derecho humano de acceso a agua segura, las autoridades centran toda su atención en la construcción de más y más infraestructura como si, ante la presencia de más obras hidráulicas, el agua aparecerá como por arte de magia.
Ninguno se da cuenta que la paulatina escasez de este recurso vital como es el agua, no está relacionada solamente con el justo ejercicio del derecho humano, ni tampoco en la implementación de más infraestructura, sino que el problema mayor se encuentra en la recarga, en la garantía de su captación, acumulación y flujo, superficial y subterráneo en cantidad, calidad y tiempo, es decir en siembra y cosecha de agua que se refiere a la restauración, recuperación y protección de zonas geográficas potenciales para la recarga hídrica.
En efecto, en las cuencas y microcuencas de los valles de Cochabamba, existen sitios o zonas geográficas que, gracias a sus características biofísicas (cobertura, pendiente, vegetación, uso de suelo, etc.), de ubicación (cabeceras) y características climáticas (principalmente precipitación), son potenciales para captar, infiltrar, almacenar con gran eficiencia y eficacia respecto a otras zonas, el agua que proviene de las lluvias para luego distribuirlos, superficial y subterráneamente, en distintas fuentes tales como vertientes, pozos, atajados, lagunas, quebradas, etc. desde donde es aprovechado por la población para diferentes usos.
La Región Metropolitana del departamento de Cochabamba tiene en las cabeceras de las cuencas de la ladera sud del “Parque Nacional Tunari”, sus zonas de recarga hídrica que acumulan el agua de las lluvias y los distribuyen en diferentes fuentes. Lamentablemente una mayor parte de estas cabeceras (partes altas) se encuentran en un estado de descuido, deterioradas, deforestadas, sometidas a incendios continuos, a sobrepastoreo, con depósitos de basura como focos de contaminación, y un largo etcétera, que lógicamente están afectando esta capacidad y potencialidad de recarga hídrica haciendo que los volúmenes de agua infiltrada y acumulada sean cada vez más escasos y a veces con algún grado de contaminación.
Es preciso cambiar el foco de las acciones yendo más allá de lo técnico, promoviendo e impulsando la acción colectiva, social, ambiental e inclusive política y la inversión en proyectos que primero garanticen una “gestión colectiva territorial del agua”, es decir que permitan localizar, restaurar, recuperar, proteger, conservar y manejar (administrar), estas zonas potenciales de recarga hídrica que, acertadamente, algunas comunidades denominan “fábricas de agua”. Es hora de que las entidades territoriales autónomas, autoridades, la sociedad civil con apoyo de instituciones se organicen e implementen planes y acuerdos de trabajo colectivos, económicos y de gestión de programas y proyectos para incorporar en los PTDIs y buscar ante organismos nacionales e internacionales, presupuestos para recuperar, mantener e incrementar la capacidad recarga hídrica de ciertas zonas, pues cuando estas están en condiciones saludables de cobertura vegetal principalmente nativa, de limpieza, sumados a prácticas artificiales de recarga como zanjas y piscinas de infiltración, pueden cumplir su función de recarga de manera óptima, contribuyendo directamente a una mayor y mejor disponibilidad de agua especialmente para la época de estiaje (abril a diciembre).
Esta acción se hace más trascendental en un momento en que el período de lluvias significativas, debido al cambio climático, se redujo a solamente dos meses (enero y febrero) y que es este corto período que debe ser aprovechado para la acción colectiva de siembra y cosecha de agua.
No obstante, la CPE en su art. 374 parágrafo III ya señala que: Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles, en los hechos no existen políticas púbicas concretas a nivel de las Entidades Territoriales Autónomas que promuevan su implementación y así se protejan y administren eficientemente las zonas potenciales de recarga hídrica. Las autoridades tomadoras de decisiones políticas deben generar políticas públicas territoriales como por ejemplo la declaración de “Áreas protegidas municipales por su función ambiental de recarga hídrica” aspecto que esta entre sus competencias y trabajar en consecuencia.
Es hora de mirar hacia arriba, de realizar una gestión territorial integral en función de garantizar la recarga hídrica como paso previo y trascendental al reclamo por nuestro derecho al uso y acceso y/o a la implementación de más infraestructura.
| Mientras nos peleamos por la leche (agua) cada vez más escasa, las vacas que nos dan esa leche (zonas de recarga hídrica), están flacas, enfermas y se nos mueren. |
La FUNDACIÓN AGRECOL Andes, en un esfuerzo conjunto con los municipios de Pasorapa, Aiquile, Totora y Pojo del Cono Sur cochabambino, se encuentra impulsando la construcción e implementación de políticas públicas, buscando que sus poblaciones tengan acceso agua segura en el mediano y largo plazo. Como resultado, los municipios de Pojo y Pasorapa ya cuentan con leyes municipales que sustentan programas, también municipales, de identificación y protección de sus zonas de recarga hídrica y de gestión integral de sus recursos hídricos, respectivamente. Estas políticas están siendo gestionadas para su implementación por comités locales impulsores, constituidos por representantes del gobierno municipal y la sociedad civil, a través de proyectos estratégicos d mediano y largo plazo. Este modelo también será siendo replicado en los municipios de Aiquile y Totora
[1] Responsable del Programa Cono Sur. FUNDACIÓNAGRECOL Andes
[2] Director Ejecutivo. FUNDACIÓNAGRECOL Andes