El Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) surge en 1989, en el contexto de las crisis provocadas por las políticas económicas de los años 80. MAELA está articulada en tres regiones: Mesoamérica-Caribe, Andina y Cono sur, representa a más de un millón de campesinos, indígenas y agricultores familiares campesinos, urbanos y periurbanos, hombres y mujeres que trabajan por la Agroecología.
El modelo extractivista se profundiza en Latinoamérica con una magnitud poco dimensionada. Gran parte de los territorios de nuestros países están expuestos a las actividades a gran escala de minería, petróleo, represas hidroeléctricas, monocultivos, paquetes de transgénicos, provocando enormes daños a las comunidades rurales, urbanas y periurbanas, la sociedad en su conjunto y a la naturaleza. Favorecida por políticas públicas y tratados internacionales de comercio, la agricultura industrial se expande por los territorios concentrando y acaparando tierras y agua, desplazando comunidades, destruyendo formas de producción diversificadas conllevando a la pérdida de soberanía alimentaria de comunidades, pueblos y países.
A nivel internacional, se cuenta con el Protocolo de Cartagena del convenio sobre Biodiversidad Biológica (2000), ratificado en Bolivia el 22 de Noviembre 2001, con la Ley 2274.
En Bolivia, los intentos de colonización alimentaria con Organismos Genéticamente Modificados OGM y su paquete de agroquímicos, viene desde el año 1998. El año 2005 se consuma la aprobación de los OGM. En 2008, después del proceso constituyente y bajo presión de los agroindustriales, se abrió la posibilidad de regulación de los transgénicos en la Constitución Política del Estado (Art. 409); pero también se aprobaron otros artículos: «Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas” (Art. 407); “Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo” (Art. 381), por lo que, gracias al trabajo de organizaciones de productores familiares e instituciones, se logró aprobar legislaciones que promueven la pequeña agricultura familiar y la producción ecológica como la Ley 3525.
Se cuenta con un marco legal que si bien respalda la producción ecológica, en la realidad no se ha recibido ningún apoyo concreto del Estado, siendo que es uno de los sectores que provee alimentos saludables y accesibles para la población.
La reciente aprobación del DS 4232, el 7 de mayo reemplazada ahora por el DS 4238 el 15 de mayo, del 2020, solo responde a intereses de transnacionales y empresarios privados y no al bien común de los bolivianos, asimismo, no ha sido consensuada ni consultada con las asociaciones de productores, consumidores, universidades y centros de investigación, viendo el rechazo general de los productores, rurales, urbanos y periurbanos, consumidores, organizaciones de base y población en general.
MAELA Bolivia se pronuncia reafirmando:
- • Derogar el DS 4232, ahora 4238, porque atenta contra la biodiversidad, el medio ambiente, la producción agroecológica, los recursos naturales y promueve una agricultura «sin agricultores».
• Nos declaramos defensores y en estado de alerta para proteger las semillas de origen y los recursos naturales.
• Gestionar y exigir que el estado promocione la agricultura familiar campesina, urbana y periurbana, ecológica, apoyando a la LEY 3525 y los Sistemas Participativos de Garantía SPG, por ser la que alimenta a la población del territorio Nacional.
• Apoyo en la generación de espacios de comercialización local de circuitos cortos, en base a la Economía Social Solidaria, donde la relación Productor consumidores sea clara directa y responsable, de acceso universal.
• Exigimos, que todos los alimentos transgénicos o con parte de estos, lleven la etiqueta OGM, que declare que han sido elaborados con semillas o materias primas transgénicas.
• La importancia de transformar los sistemas alimentarios desde la Agroecología, para que sean diversos y pertinentes culturalmente, además de priorizar la biodiversidad para garantizar la nutrición y el consumo sano y soberano, minimizando el impacto ambiental.
Bolivia 18 de mayo 2020