Fundación Agrecol Andes

Respaldo a pronunciamiento público de organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones abajo firmantes, comprometidas con el fortalecimiento de los Derechos Humanos en Bolivia y preocupadas por la emergencia de un nuevo ciclo de crisis social y política tras los últimos acontecimientos, hacemos conocer a la opinión pública lo siguiente:

Sobre el deterioro de las instituciones y la normativa fundamental de un estado democrático

La actual situación de confrontación social y política es expresión de un prolongado proceso de deterioro de garantías, derechos e instituciones fundamentales que sustentan la plena vigencia de un estado democrático. Este deterioro tiene sus raíces, por una parte, en un modelo económico fundado en actividades extractivas y actividades económicas subterráneas y paralegales que violentan a las comunidades locales, a la población, al medio ambiente y se impone a la estructura institucional del Estado de derecho. Y, por otra parte, ese deterioro es causado por la forma como se ha ido configurado la estructura de poder político, concentrando el control de todos los órganos en detrimento de la independencia de poderes, ejerciendo violencia y no respetando la necesaria autonomía de organizaciones de la sociedad civil, ni respetando las básicas reglas de un orden democrático.

Impunidad acumulada

A lo largo de los últimos años se han producido graves violaciones a derechos fundamentales, que quedaron en la impunidad. La población experimenta, como un cáncer, esa impunidad acumulada de estas graves violaciones a derechos humanos. Las dolorosas heridas de Sacaba, Senkata, Pedregal, Vila Vila y Montero duelen a toda la sociedad, pero no son las únicas que están quedando en la impunidad. Junto a ellas están las otras 15 víctimas del conflicto post electoral de 2019 y más recientemente también las víctimas anónimas de los actos que impidieron la provisión de oxígeno en pleno pico de la crisis sanitaria, sin mencionar además la larga lista de víctimas mortales, heridos y lisiados en otros eventos de violencia social y política en las últimas décadas: Febrero Negro, Octubre Negro, Huanuni, La Calancha, El Porvenir, Caranavi, Chaparina, Takovo Mora, Mallku Qota; Apolo; Cárcel de Palmasola; Panduro; Arcopongo; Caso Jonathan Condori; Caso Colomi, entre otras.

El estado de desastre del Sistema de Justicia

Son elementos de la crisis del sistema de justicia, su carencia de institucionalidad, su falta de independencia como Órgano del Estado, su manipulación y subordinación al partido gobernante de turno. Esto deja a la población en una situación de indefensión y a merced de las arbitrariedades del poder circunstancial, sin las mínimas garantías del debido proceso ni de las posibilidades de acceso a justicia, mucho menos la garantía de investigaciones serias e imparciales, que den con la verdad de los hechos y logren las sanciones legales y el resarcimiento a las víctimas.

Escalada de criminalización como estrategia de gobierno 

Toda la población aspira a tener justicia en plenitud, como parte de las garantías fundamentales que le permitan desarrollar sus actividades y ejercer sus derechos. Sin embargo, en las actuales condiciones de profundo deterioro de las instituciones de justicia, esa aspiración es frustrada.

Como lo han reconocido en los últimos días varios organismos e instituciones internacionales de protección de derechos humanos (Naciones Unidas, Unión Europea, CIDH en su segundo comunicado, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otros), las inocultables incongruencias en las detenciones a opositores junto con las evidentes violaciones al debido proceso, señalan que estas acciones no conducirán a luchar contra la impunidad. Por ello, no lograrán alcanzar justicia y reparación a las víctimas porque no se fundamentan en una investigación imparcial y rigurosa de los acontecimientos ni en la identificación de los responsables.

Todo lo contrario, lo que se evidencia en los últimos acontecimientos es que se trata de una escalada de criminalización de contendores políticos circunstanciales, pero aún hoy expresada también en los gestores de los procesos de facilitación y diálogo (CEB, UE y NN.UU.). La escalada de criminalización y judicialización se consolida como una estrategia de persecución a todas las organizaciones no afines al gobierno de turno, lo cual hace más patente la falta de garantías para toda la población.

Ante ello, como actores de la sociedad civil organizada, planteamos:

  1. Respetar el principio de independencia de poderes, en el esclarecimiento y la búsqueda de verdad y justicia en todos los casos de violación de derechos humanos acontecidos durante los últimos conflictos sociales y políticos, con especial atención en los ocurridos durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019. El país no logrará justicia vulnerando principios elementales de todo Estado de Derecho: debido proceso, presunción de inocencia, acceso a la justicia, etc. La búsqueda de justicia y reparación no debe ser el medio para profundizar la polarización al interior de nuestra sociedad.
  2. Salir de la crisis social política e institucional que atraviesa el país,  no será posible sin las garantías de respeto y apego estricto al rol constitucional que tienen todas las autoridades y funcionarios del Estado en todos sus niveles y estamentos, principalmente las autoridades con competencias directas en materia de justicia y derechos humanos. Por ello, hacemos un enfático llamado y exigencia a esas autoridades a anteponer su deber de garantes de derechos.
  3. En caso de que estas autoridades y partidos políticos, a estas alturas del deterioro de las instituciones democráticas, no tengan la capacidad ni la idoneidad para garantizar efectivamente los derechos de la población, solicitamos a organismos con competencia en este tipo de profundas crisis de derechos humanos acompañen estos procesos y apoyen estas denuncias con los mecanismos pertinentes.
  4. Llamamos a las autoridades, partidos políticos, líderes sociales, sindicales, organizaciones de la sociedad civil y población en general, a asumir compromisos serios por una reconciliación de la sociedad en todos sus estamentos, reconciliación basada en la justicia, el compromiso con los derechos humanos y el compromiso con la investigación imparcial de los hechos para encontrar la verdad, la sanción a los responsables, la reparación a las víctimas.
  5. Dadas las condiciones de gravedad de la crisis de las instituciones democráticas y la de justicia, y dadas las hondas fracturas sociales del contexto actual es necesario asumir un enfoque de Justicia Transicional para enfrentar la crisis estructural que atraviesa el Órgano Judicial, con una amplia participación y compromiso de todos los sectores sociales y actores políticos
  6. La vigencia del Estado de Derecho, la Democracia con el goce de las libertades y protección de los Derechos y un acceso a la justicia plena para todas y todos son base sustancial para el reencuentro entre bolivianos.